Violencia institucional

Dulce María Sauri Riancho* ______

(SemMéxico, Mérida, Yucatán). El 8 de marzo ha adquirido creciente importancia como día internacional de las mujeres.

En algunos casos —cada vez menos— se asume como fecha de celebración, felicitaciones y flores incluidas, para las personas de género femenino en la familia y en el trabajo.

Para otras personas y organizaciones es el momento de reflexión y memoria del significado de la lucha de millones de mujeres para alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos. Conmemoración que lleva a la realización de numerosos eventos dedicados a realizar un recuento de lo avanzado, pero, principalmente, de las tareas que faltan por hacer para alcanzar la igualdad sustantiva, de resultados, no simples palabras o buenas intenciones.

Aparentemente, lo peor de la pandemia del Covid-19 en cuanto saldo de vidas cobradas ha pasado. Sin embargo, apenas comenzamos a reconocer la forma diferente de sobrellevarla entre mujeres y hombres. A los estragos de la enfermedad las mujeres sumaron cargas mayores en su tradicional papel de cuidadoras de la familia. Los confinamientos llevaron a intensificar el trabajo doméstico, al que se incorporaron tareas de acompañamiento a las y los hijos en sus estudios a distancia, el cuidado de los contagiados por Covid y, además, ellas perdieron en mayor número sus trabajos remunerados, no solo por los recortes y los despidos producto de la parálisis económica, sino también porque tuvieron que renunciar para atender a su familia de tiempo completo.

El balance negativo hacia las mujeres se vio acentuado por la carencia absoluta de perspectiva de género en las políticas públicas, los programas y las acciones institucionales para enfrentar la emergencia. Este enorme déficit ya lo veníamos arrastrando, el Covid lo acentuó y aceleró aún más. Me explico con cuatro casos concretos de programas gubernamentales federales que fueron cancelados o transformados en tal grado que perdieron sus objetivos de igualdad de oportunidades para las mujeres. Veámoslos.

Progresa-Oportunidades-Prospera. Iniciado en 1997, fue cancelado al concluir la anterior administración. Desde 2019 más de 6 millones de mujeres madres o jefas de familia dejaron de recibir el dinero de las becas, de la ayuda alimentaria y otros apoyos que se transferían a las familias más pobres con el propósito explícito de romper el círculo perverso de la reproducción de la pobreza.

Recibir y administrar esos recursos les dio poder a las mujeres; nunca más tener que suplicar por la tarjeta del “tortibono” o el dinero para el gasto a los esposos o parejas masculinas. Eso fue “empoderar” a las mujeres, de eso se les privó cuando se eliminó Prospera. Dudo que las y los artífices de su desaparición hayan considerado este efecto nefasto; simplemente ni se lo preguntaron.

Estancias infantiles. Este programa comenzó en 2007 como una manera de apoyar a las madres trabajadoras con hijos menores de 4 años, sin acceso a las guarderías del IMSS o del Issste.

Si la mayoría de las mujeres laboran en la economía informal, la que no cotiza para tener derecho a esta prestación, fácilmente se deduce que las más vulnerables eran las beneficiadas al tener la posibilidad de entregar a sus pequeños a la atención de otras madres cuidadoras, en lugares de calidad certificados por el gobierno federal y, además, cercanos a su domicilio o su centro de trabajo.

Acusación

Bajo la acusación nunca comprobada de desvíos económicos, este programa fue transformado en una transferencia de 800 pesos mensuales a las madres que, con ese dinero, tenían que encontrar a alguien que se hiciera cargo de atender a sus hijos (el ex secretario de Hacienda hasta se atrevió a plantear que fueran las abuelas) o quedarse ellas mismas en su casa.

El derecho al trabajo de las mujeres y el ejercicio de sus derechos económicos sufrieron un retroceso al desaparecer más de 10,000 estancias en 2019.

Escuelas de tiempo completo (ETC). Este programa fue una aspiración desde 2000, pero a partir de 2007 comenzó a aplicarse en escuelas públicas seleccionadas, hasta alcanzar un número notable en 2018. Desde un inicio se sabía de las dificultades de alcanzar la meta de atender en jornadas escolares de seis horas (8 de la mañana a 2 de la tarde) u ocho horas (hasta las 4 de la tarde, incluyendo comida) a toda la población escolar de primaria y secundaria.

Hubo que sortear dificultades administrativas (consolidar plazas del magisterio) y presupuestales (instalaciones, logística de alimentación), para prolongar la permanencia en las escuelas con actividades deportivas, artísticas y apoyo para la realización de tareas.

En su último ciclo, las ETC beneficiaron a más de 3 millones de niños que, de otra manera, tendrían que abandonar las aulas a las 12 del día y muy probablemente, llegar a su casa cuando los mayores aún no regresan del trabajo.

Desde el punto de vista de los derechos de la infancia, la desaparición de las ETC es un duro golpe a los más vulnerables; pero también para sus madres y familiares que, o bien reducen o cancelan su jornada laboral remunerada, o se resignan a que sus hijos carezcan del cuidado seguro que demandan.

Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF). Creación de la administración lopezobradorista como programa estrella dirigido a la población juvenil que “ni estudia ni trabaja”, tuvo un accidentado comienzo porque las cuentas “no salían”, es decir, no había suficiente demanda de inscripción para recibir un apoyo equivalente a un salario mínimo mensual (alrededor de $4,600 pesos actuales), cifra nada despreciable. Si se hubiese aplicado la perspectiva de género, los planificadores gubernamentales hubiesen reconocido que son mujeres las que caen en la categoría de “ninis”, no porque estén en la ociosidad sino porque se encuentran realizando trabajos de cuidados en su casa, porque son madres jóvenes sin opción para dejar a sus pequeños, o bien porque atienden a la familia realizando tareas domésticas, esas que no son reconocidas.

Para una verdadera igualdad de oportunidades, JCF debió haber considerado esa desventaja femenina y haber diseñado estrategias de acompañamiento para las jóvenes. Pero no lo vieron, no lo hicieron.

Estos cuatro casos abordados líneas arriba son, sin duda, violencia institucional contra las mujeres y las niñas. Cuando las instituciones responsables de diseñar y aplicar políticas públicas y programas gubernamentales no ven ni oyen a las mujeres, sus demandas y necesidades, y deciden al margen, cometen violencia, en la medida que obstaculizan o niegan derechos fundamentales al trabajo, a la educación, al desarrollo económico de las mujeres. Sirva esta conmemoración del 8 de marzo para reconocer y enmendar este camino.

*dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán

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