Santo Domingo (Prensa Latina).- Tres casos de supuesta corrupción que llegaron a los tribunales dominicanos con bombo y platillo por su importancia y trascendencia, quedaron en esas instancias judiciales de forma sorpresiva.
Edilberto F. Méndez _______
Corresponsal de Prensa Latina en República Dominicana
Se trata de los juicios de Odebrecht, el de los aviones Súper Tucanos y el de Los Tres Brazos, todos, según el Ministerio Público, con las suficientes pruebas para los imputados ser sancionados, sin embargo, los encargados de impartir justicia consideraron que no bastaban y ahí murieron.
Estamos en presencia de hechos que además de tener trascendencia para toda la nación por su significación, dejan un sabor amargo difícil de superar, máxime cuando en el país existen cerca de 500 pleitos de corrupción por verse.
Juristas consideraron imposible que una sociedad casi entera esté equivocada en sus valoraciones ante cada proceso, pues los tres fueron expuestos con pelos y señales y hasta la saciedad.
De acuerdo con Listín Diario, en el veredicto de Los Tres Brazos el juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitió un auto de «no ha lugar» a favor de todos los implicados en venta ilegal de terrenos en ese lugar, que fue el motivo de la litis.
La acusación fue presentada por la Fiscalía en noviembre de 2016 contra 17 supuestos actuantes en sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, asociados para desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo el mencionado sector.
El fallo del magistrado fue definido por el fiscal José Miguel Marmolejos como «sumamente decepcionante» y agregó: «nosotros la consideramos completamente divorciada de lo que es el derecho y no se corresponde ni con la acusación ni con las pruebas».
En cuanto a Odebrecht, el 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una denuncia contra una supuesta componenda de corrupción de ese emporio, la cual incluyó a 10 países de Latinoamérica, entre ellos, República Dominicana.
Y al otro día, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en el cual afirmó que comenzarían a procesar a los supuestos involucrados.
El 8 de mayo del año siguiente, fueron arrestados 14 acusados, de los cuales, solo seis fueron enviados a juicio.
Así las cosas, casi cinco años después, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a solo dos de los imputados (ninguno por recibir sobornos) y declaró la absolución de los otros cuatro.
Este proceso fue uno de los casos de corrupción más grandes de la región y por la abrumadora cantidad de pruebas y testimonios, de un lado y de otro, resultó manejado que habría un Odebrecht 2,0, pues en el juicio no estaban todos los culpables.
El resultado fue el que más irritación provocó, algo difícil para especialistas y sociedad; hubo solo dos sancionados, el empresario Ángel Rondón (ocho años de prisión) y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz (cinco), ambos aún fuera de la cárcel «por no representar peligro de fuga».
Con el proceso de los aviones Súper Tucanos sucedió algo similar; siete años después de su comienzo, todos los implicados fueron descargados también por insuficientes pruebas para condenarlos.
Los imputados aquí, acusados de recibir sobornos por la compra de ocho de los mencionados aviones, fueron el exministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini; el empresario Daniel Aquino Hernández, y las empresas 4D Business Group y Magycor.
La fiscalía presentó en sus descargos que los mencionados recibieron sobornos por unos 3,5 millones de dólares distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica para beneficiarse como proveedora y como si fuera poco, la compañía Magycor confesó ante el tribunal su responsabilidad por los cargos, a los cuales debía responder.
CONTRA LA IMPUNIDAD
Una vez conocidos estos veredictos, representantes del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) consideraron que las sentencias dictadas fueron por la «misma ruta de impunidad que sigue nuestro país desde siempre, dejando mal parado al sistema de justicia».
«No importa que la culpa sea del Ministerio Público o de los jueces, quien resulta finalmente perjudicada es la ciudadanía», indicaron.
Aseguraron que en Los Tres Brazos vendieron terrenos del Estado en forma irregular, contrario a la Constitución y las leyes, en favor de una empresa privada y en perjuicio de personas, las cuales ocuparon dichos terrenos por largos años.
Para el pleito de los Súper Tucanos fueron revelados sin dudas sobornos y en Odebrecht resultó más de lo mismo. PC consideró existe la imperiosa necesidad de introducir reformas que impidan pueda instarse el interés partidario en el Ministerio Público.
Asimismo, el Movimiento alertó a la sociedad civil que las decisiones sobre las tres causas expuestas se producen en momentos en los cuales están instalados francotiradores con la intención de descalificar a la magistrada Miriam German (Procuradora General), a pesar de que estos expedientes no son de su responsabilidad.
«Las críticas a la magistrada Germán tienen por finalidad presionarla para hacerla renunciar a su posición y colocar allí a alguien que permita a los escándalos de corrupción presentados al Poder Judicial o bajo investigación actualmente, sigan la suerte de los preparados bajo la responsabilidad del antiguo Procurador General de la República», agregaron.
Le queda trecho por andar a este país en materia de impunidad para realmente enfrentar con éxito la corrupción que pulula en la sociedad.
No basta con tener una Procuradora de prestigio, honesta y respetada, si el resto del sistema funciona de una manera contraria o sin estar en esa línea de total enfrentamiento al delito.