Centro histórico
.- Fiscalía mexicana prevé identificar pronto a culpables de derrumbe del metro.
.- AMLO debe modificar conferencias por Consulta Popular y en futuras elecciones: TEPJF.
Crescencio Cárdenas Ayllón _____________
Pues entre que son peras o son manzanas el presidente AMLO sigue adelante y da a conocer importantes acciones de su gobierno en las diferentes temas que están pendientes y haciendo caso omiso a las provocaciones y sanciones del Instituto Nacional Electoral o contra el berrinche o reprimenda del Tribunal Federal electoral para que suspenda o modere y hasta que corrija mucho de lo que presume en su conferencia matutina de la mañana que ofrece el mandatario cuatro días a la semana y con el “pilón” de otras de acuerdo a los lugares que visita los fines de semana y hasta en festejos de todo tipo políticos claro.
Y así el Gobierno de México informó que ha resuelto el desabastecimiento de medicamentos tras invertir 76.969 millones de pesos (unos 3.848 millones de dólares) en licitaciones propias y con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
“Esta es una muy buena noticia porque se rompió, se quebró, el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos de buena calidad. Además del abasto, esto ha significado también ahorros importantísimos», afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó de la compra de un total de 1.842 claves, que representan más de 2,62 millones de piezas, un avance del 93,5 % del volumen requerido.
De estos, detalló el secretario, 1.038 claves y 895 millones de piezas corresponden a las licitaciones de la UNOPS, organismo al que han pagado más de 2.262 millones de dólares hasta ahora. “Con esto podemos garantizar el que no falten los medicamentos y es un derecho el que se puedan tener medicamentos gratuitos para todos”, insistió el presidente López Obrador.
El desabastecimiento de medicinas en el sector público ha sido una de las principales críticas al actual gobierno tras agudizarse en 2019 por los recortes presupuestarios y los cambios en la forma de comprarlos impuestos por López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.
Por la crisis han surgido agrupaciones de padres de niños con cáncer y enfermedades raras, además de pacientes de VIH, que se han manifestado para presionar al Gobierno. Apenas este lunes, asociaciones de familias de niños con cáncer de todo el país anunciaron una protesta para el próximo 24 de julio en Ciudad de México.
Pero el mandatario ha culpado a intereses privados y a sus «adversarios» de avivar las protestas por oponerse a las reformas para comprar medicamentos en el extranjero que permitieron firmar el acuerdo con la UNOPS en julio de 2020.
“Era un negocio de una minoría rapaz, políticos, dueños de medios de información y gente muy ambiciosa que eran capaces hasta de medrar con el dolor humano, entonces fue realmente un triunfo”, reiteró López Obrador este martes.
El secretario Alcocer replicó los argumentos de López Obrador al señalar que el interés por los medicamentos oncológicos es «válido desde luego, pero exagerado y utilizado por otros fines».
El titular de Salud detalló que han comprado 132 claves y 6,9 millones de piezas con la UNOPS de medicamentos oncológicos por más de 11.795 millones de pesos (casi 590 millones de dólares), mientras que otras 27 claves las consiguieron con esfuerzos diplomáticos.
«Es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de conseguir, no desde ahora, sino de décadas para acá, particularmente desde luego los que se utilizan para los niños con cáncer”, manifestó.
La Fiscalía de la Ciudad de México informó el lunes que en poco tiempo estará en condiciones de imputar a los responsables del derrumbe de la línea 12 del metro, ocurrido en mayo pasado y que causó 26 víctimas mortales y varios lesionados. La fiscalía informó que en cuanto se concluya el dictamen realizado por los expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales «estará en posibilidades de formular la teoría del caso y realizar las imputaciones correspondientes».
Estas imputaciones, agrega el comunicado, serían por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Los trabajos periciales en el tramo accidentado «están concluidos en su fase de campo» y próximamente finalizarán los resultados de laboratorio en «lo relacionado a soldaduras, pernos y acero de las superestructuras metálicas del puente».
Asimismo, indicó que se inició la fase de integración del reporte de análisis comparativo de los resultados de laboratorio con la información del proyecto ejecutivo, planos de diseño, plano «as built», de taller y proceso constructivo. Añadió que el equipo de judicializadores ha avanzado en el estudio de la información documental y legislación vigente.
«Dicho grupo ya lleva a cabo la identificación de personas relacionadas directamente con el tramo colapsado, tanto de constructores y supervisores, como de servidores públicos, a fin de determinar el deslinde de responsabilidades», puntualizó.
En el accidente del metro ocurrido el pasado 3 de mayo murieron 26 personas y un centenar resultaron heridas al derrumbarse un puente elevado de la línea 12, en el sureste de la capital, provocando la caída de un tren con pasajeros. La empresa noruega DNV presentó en junio un informe preliminar sobre las causas del accidente en el que señaló «fallas estructurales» relacionadas con la construcción de la línea en 2012.
El Colegio de Ingenieros de México publicó otro reporte según el cual un tercio del tramo elevado de la línea tiene fallas como grietas o separación insuficiente entre vigas. El magnate Carlos Slim, dueño del Grupo Carso, empresa que construyó la línea junto con la compañía ICA, aceptó participar en la rehabilitación del metro. El accidente provocó la destitución de Florencia Serranía, quien era directora del metro en el momento del accidente.
La tragedia ha puesto en el punto de mira a la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, y al exalcalde y actual canciller, Marcelo Ebrard, ambos aspirantes a suceder al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en 2024.
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Oficina de la Presidencia que, por conducto de su Consejería Jurídica, modifique el contenido de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre el 15 de julio y el 1 de agosto, hasta la conclusión de la Consulta Popular 2021.
Determinó que debe implementarse la misma medida para el proceso de revocación de mandato y futuros procesos electorales. La Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, a cargo de Jesús Ramírez, deberá publicar en las cuentas oficiales y sitio web del Gobierno de México el extracto de la sentencia SRE-PSC-21/2021 durante un periodo de cinco días naturales.
También ordenó dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), para que investigue y, en su caso, en ejercicio de sus atribuciones, inicie un procedimiento por la posible actualización de alguna infracción electoral por parte del Centro de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) y de la Coordinación de Comunicación Social, así como a quien pudiera resultar responsable.
AMLO vulneró imparcialidad en elección 2021.- El TEPJF resolvió que el presidente López Obrador realizó propaganda personalizada en su conferencia matutina del 23 de diciembre pasado, lo que “vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda”.
Entre las consideraciones establecidas por la Sala Superior, se advirtió que el mensaje tuvo la intención de asociar personalmente al mandatario con logros y el trabajo realizado en la implementación de programas sociales con el propósito de convencer de los beneficios realizados en su gestión. Además, indicó que hubo pronunciamientos contra los partidos políticos que, en su opinión, quieren eliminarlos al buscar la mayoría en la Cámara de Diputados para controlar el presupuesto.
La Sala Superior sostuvo que el mensaje no podía quedar al amparo de la libertad de expresión y el derecho a la información. Determinó que la Coordinación de Comunicación Social deberá encargarse de que dicha conferencia, difundida en redes sociales y medios digitales oficiales del Gobierno de México, sea editada en su contenido a fin de eliminar las expresiones que constituyeron las infracciones analizadas.
Por otra parte, el CEPROPIE deberá retirar el material audiovisual de la disposición de la señal satelital que corresponde a la conferencia en comento, en caso de que aún siga al alcance de los medios de comunicación.
Por lo demás, creo que todos estamos bien.