Zona politeia
César Velázquez Robles _______
(Sinaloa). Desde hace ya una buena cantidad de años, México está considerado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la actividad periodística. La libertad de expresión, la crítica al poder en todas sus formas –legal, alegal o extralegal— vino con la transición democrática y el periodismo se consolidó como una tarea socialmente necesaria para establecer límites a su ejercicio arbitrario. Sin embargo, las relaciones entre medios y poder político fueron las que experimentaron en ese tiempo una más fuerte sacudida. Acostumbrados unos y otro a una relación cuasi-idílica, a desarrollarse en un entorno de placidez, extraordinariamente sintetizada en aquellas frases “¿Qué horas son?, ¡las que usted guste, señor presidente!”, la llegada de los vientos de fronda del cambio al espacio público, rompió el amodorramiento de la vida pública. La prensa escrita, la radio y luego la televisión, empezaron a abrirse, a expresar en sus espacios la pluralidad propia de una sociedad que se modernizaba y que empezaba a romper con el viejo autoritarismo. No había duda: los medios se habían convertido por derecho propio, en promotores de la democracia y amplificadores del diálogo social. El modelo propio de la sociedad cerrada, (semi)autoritaria, experimentó una profunda metamorfosis. Ello, en modo alguno, significa que hayan desaparecido figuras tan delezanables como el “fondo de reptiles” ni que los soldados del viejo régimen hayan pasado a mejor vida: unos decidieron volverse funcionales al nuevo sistema y otros asumieron el papel de los soldados viejos.
Luego está la llegada al escenario de la delincuencia organizada. Si en la vieja relación con poderes institucionales había presiones, amenazas, intimidaciones y chantajes, con los poderes fácticos ilegales llegaron las acciones de violencia y muerte. Era el mensaje siniestro de que no se permitiría la crítica a organizaciones o personajes de este segmento. Las investigaciones, reportajes, crónicas y análisis periodísticos que empezaron a circular en los medios dejaron de ser del agrado de los protagonistas, y optaron por recurrir al género que prefieren: el género del silencio. Las cifras de periodistas muertos en el ejercicio de lo que Gabriel García Márquez definió como “el oficio más bello del mundo” empezaron a crecer en forma alarmante. Primero fueron los periodistas especializados en la nota roja, la sección policiaca, pero luego pasó a abarcar a todos: los opinadores, los comentaristas y analistas, los académicos e investigadores. Todos. Nadie quedó a salvo.
La relación rocosa entre medios y poder político no derivó en violencia ni siquiera verbal. Había, si, molestia, enojo, por declaraciones, investigaciones, ilícitos que se hacían públicos, pero el asunto no pasaba a mayores. Pero la llegada del “nuevo régimen” significó una alteración profunda del modelo de relaciones entre medios, periodistas y poder: ya no se permitirían más excesos verbales, toda crítica tendría respuesta, pues se partía de la tesis de que la prensa estaba al servicio de la “mafia del poder” y representaba los intereses de la derecha, la reacción y los conservadores. Los medios, en suma, como decía Trump, eran “los enemigos del pueblo”.
Medios y periodistas: fuegos de artificio y fuego real
Así, los medios, los periodistas, quedaron en medio de un doble fuego: el fuego de artificio del poder político, que contribuye a crear un ánimo adverso en sectores sociales proclives al obradorismo, y que alienta linchamientos, y, por otro, el fuego real, el asesinato de periodistas en diversas partes del país, las amenazas de muerte que pretenden acallar las voces críticas, y ahí está una de las grandes paradojas de la vida democrática en el México de hoy: una de las funciones fundamentales del Estado –o del gobierno— que es garantizar la seguridad física y jurídica de cada uno de sus ciudadanos, es puesta en entredicho por el propio gobierno al alentar un discurso animoso contra quienes ejercen la crítica contra sus decires y haceres, y está en riesgo permanente por la acción de los violentos que mediante amenazas tratan de acallar las voces de periodistas y silenciar a medios.
El caso de la amenaza contra Azucena Uresti, Milenio, El Universal y Televisa, es la más reciente y brutal de las amenazas contra el ejercicio crítico de la función periodística. Del presidente, el caso no mereció más que una rutinaria declaración de defensa de la libertad de expresión, la solidaridad con la periodista, el anunció de la activación del mecanismo de protección, pero ninguna referencia a los medios, uno de los cuales ha sido uno de los blancos preferidos de las críticas presidenciales en las homilías matutinas. Por su parte, 19 medios de comunicación, que reflejan la diversidad y pluralidad propia de una sociedad democrática, respondieron con un desplegado que considera la amenaza como un hecho inadmisible en un Estado de Derecho “como en el que deberíamos vivir”.
Dejar de ser un país peligroso para el ejercicio periodístico
Los grupos que lanzan esta amenaza –añade el desplegado—“saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación.” Apunta también: “En muchas regiones del país, acciones como la vista… han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio.” Y concluye: “México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatizaciones.
Hay una ola de solidaridad con Uresti, y los propios medios, más allá de sus diferencias de enfoques e intereses, han convergido en la defensa de un valor superior: la libertad de expresión. En ese propósito, han encontrado el respaldo y la solidaridad de diversas organizaciones nacionales e internacionales de defensa de esta libertad fundamental y del derecho a la información. Es el caso de la Asociación Mexicana de Derecho de la Información (AMEDI), que en un desplegado que se publicó ayer, señaló que “es tiempo de que el gobierno federal rectifique su política de ataques y descalificaciones a la prensa y los medios de comunicación.” Apunta también lo siguiente: “También hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal para que desde todos sus espacios de comunicación social –como la conferencia de prensa matutina— deje de atacar, descalificar y denigrar a la prensa, los medios y sus comunicadores, con frases tan desafortunadas que han salido del propio presidente de la República como “prensa sicaria” y otros descalificativos igualmente peligrosos para el ejercicio periodístico, como considerar las noticias falsas coo un riesgo a la seguridad nacional.”
“En todo caso –apunta el desplegado— “corresponde a los lectores, audiencias y a la prensa, no al gobierno, evaluar la calidad de la información, señalar y rectificar los desaciertos y sesgos de los medios al informar. Cuando desde el poder se ataca a los medios, es más factible que otros funcionarios, poderes fácticos como el crimen organizado e incluso la sociedad, cometan agresiones y ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.”
La prensa, los medios, los periodistas tienen que seguir siendo lo que son en una sociedad democrática: límites, valladares, a todo ejercicio arbitrario del poder.