La Habana (Prensa Latina).- El aumento en Libia de desapariciones y muertes de migrantes procedentes de la región de África subsahariana, y las condiciones de los centros de acogida, constituyen motivos de denuncias cada vez más fuertes y alarmantes.
Julio Morejón Tartabull _______
Periodista de la Redacción Internacional de Prensa Latina
Luego de acusaciones hechas el pasado año sobre la existencia de fosas comunes de expatriados, quienes se presume fueron víctimas de traficantes de personas, la ONU decidió investigar sobre el destino de esos seres humanos.
Tal preocupación también se relaciona con el declive general de las condiciones humanitarias en las cuales se hallan miles de ciudadanos que llegaron al país empleado como pivote para continuar viaje hacia la Unión Europea, una travesía de ensueño muchas veces concluida como pesadilla.
Según cálculos, más de 260 personas perecieron en lo que va de año tratando de cruzar el mar Mediterráneo desde el litoral libio, un peligro sobre el cual alertó la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), tragedia en cuyas fuentes se mezclan necesidad económica y el señuelo ideológico para estimular las travesías.
En 2021 murieron 655 personas y al menos 897 desaparecieron en la ruta migratoria del Mediterráneo central, considerada una de las más letales y que causa un mayor número de víctimas por naufragios a nivel mundial, principalmente en las oleadas migratorias procedentes de la región subsahariana.
Más de 700 mil migrantes y refugiados se hallan en Libia y según la ONU, de ellos unos 48 mil están registrados como solicitantes de asilo, aunque el número real es mucho mayor.
Además del riesgo de enfrentarse al Mare Nostrum está el de la piratería que amenaza a las embarcaciones repletas de viajeros, a quienes los vándalos aterrorizan y roban si pretenden continuar con vida, y también proliferan los saqueadores, los cuales capitanean las barcazas.
En diversas ocasiones se reportaron casos de traficantes que arrojaron personas al mar porque estas no pudieron pagar lo exigido o ante la inminencia de ser abordados por unidades de la Guardia Costera, sobre la cual pesan sospechas de tener vínculos con el contrabando de seres humanos y sus envíos a mercados de esclavos.
Durante 2021, esas unidades de la armada interceptaron a más de tres mil 500 personas en el litoral libio, entre ellas a 187 menores de edad; muchos se quejaron de malos tratos infligidos por milicias relacionadas con ese cuerpo militar, dependiente del gobierno asentado en Trípoli, la capital.
Los resultados de las investigaciones emprendidas por la ONU podrán confirmar las declaraciones de migrantes respecto al destino fatal de otros, ahora sepultados en túmulos anónimos, adonde sus restos fueron secretamente a parar tras ser víctimas de ultrajes.
Un informe de Naciones Unidas presentado en 2021 indica que los migrantes, refugiados y solicitantes de asilos son víctimas de «una letanía de abusos» durante la travesía por mar y su devolución forzada a Libia, en prisiones o cuando están en manos de traficantes de personas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Libia detectó que: «La violencia en las prisiones es cometida a una escala tan grande y con tal nivel de organización que también pueden considerarse potencialmente como crímenes contra la humanidad».
ALMACENES DE ALMAS
De hecho no todos los peligros se concentran en la travesía, también existen en los centros de acogida de las costas de Libia, en los cuales se abren muchos caminos al infierno, entre ellos los que conducen a la esclavitud, la contaminación epidemiológica y la muerte violenta.
Observadores denominan «almacenes de almas en peligro» a las dependencias a las que trasladan a los sobrevivientes de los naufragios de las «pateras» (embarcaciones), donde los mantienen hacinados, mal atendidos, sin servicios de salud y peor alimentados, e innumerables testimonios dan fe del escaso respeto humanitario existente allí.
Naciones Unidas identificó a esos recintos patrocinados por el Estado como involucrados en delitos de lesa humanidad, siendo terríficos fantasmas que deambulan con el apoyo logístico de la Unión Europea y se emplean para detener por la fuerza a los migrantes.
Filimon Kesete, un eritreo de 17 años que secuestraron en Al Kufrah, en el sudeste libio, narró que estuvo retenido durante nueve meses y cada semana le obligaban a llamar a sus familiares para pedir dinero pero como no podía pagar a los secuestradores, lo ataron con las manos a la espalda y por los pies, y lo arrastraron en un contenedor.
Los golpes con palos, culatas de rifles y las heridas con cuchillos, la aplicación de shocks eléctricos, colgar por las muñecas a las víctimas, arrancarles las uñas e infligirles quemaduras con plástico derretido constituyen prácticas comunes tanto por grupos de captores como en los centros de detención operados por facciones armadas.
Rescatistas de organizaciones no gubernamentales europeas precisaron que esos son algunos de los abusos infligidos, además de la falta de higiene y alimentación, todo lo cual coloca en riesgo de muerte a los ciudadanos que buscan abrigo temporal en un país donde el interés por la riqueza petrolera desplazó al concepto humanitario.
En octubre del pasado año un informe de ONU calificó a esos hechos de crímenes contra la humanidad, mientras que ahora en Trípoli la milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA) -creada por el Gobierno en 2021- se encuentra implicada con desapariciones, homicidios y torturas contra migrantes y refugiados.
La SSA recibió en 2021 un presupuesto público de 8,5 millones de euros, pero en febrero de 2022 se le autorizó una cifra de 26 millones, lo cual resulta contradictorio partiendo de las acusaciones a esa formación por el trato a los migrantes cuyos sueños fenecen ahora en recintos de Libia, coincidieron medios de prensa.