La putrefacción del Ejecutivo y su Estado Fallido

.- ¡¡¡…Ya basta…!!!

.- El prestigiado penalista Alberto Woolrich Ortiz, asevera: “México heredó ‘un fruto podrido’, pero también es cierto que por su ignorancia (la del presidente de la República) y la de su propio Fiscal, no se ha combatido la lacra heredada”

.- La ONU y el Estado de Derecho. 

Blas A. Buendía * ____________

“¡Ya basta!”, es la proclama que emitiera la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., al reiterar su llamado al Ejecutivo federal cumpla con los lineamientos trazados desde su Toma de Posesión, que transcurridos tres años de gobierno, México no solo enfrenta la putrefacción del Ejecutivo, sino que más de 127 millones de mexicanos viven en un Estado Fallido basado en la regresión de la tiranía.

En tanto, The World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial-México), tras desarrollar una encuesta aplicada a una población general a 25,600 personas, se determinó que se evidencia conceptualmente un estancamiento en el progreso de la arquitectura institucional del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas.

Para la mencionada Academia, podrían escribirse varios tomos sobre lo que significan los conceptos de impunidad, ilegalidad, complicidad, omisión, inseguridad, necedad, arrogancia, complacencia, narco-política, fatalidad, Estado de Derecho, igualdad, obligatoriedad, Constitución, afectación, efectividad, congruencia, permisibilidad, juridicidad, moralidad, penalidad, ignorancia, y un larguísimo etcétera.

No es este el objetivo -o cuando menos no se pretende serlo-, sino simplemente tomarle la palabra al Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador y decirle que la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., le presenta sobradas pruebas de responsabilidad penal en contra del responsable narco-político que con su actuar, creó vergonzosas alianzas con la delincuencia a fin de bajar aviones cargados con cocaína en territorio mexicano.

Se debe a este respecto –asevera- que dichas demostrativas de responsabilidad a ofertar no son, ni serán nunca fabricadas, a diferencia de lo que acostumbran y han acostumbrado diversas fiscalías y/o procuradurías a lo largo y ancho del territorio nacional, cuando practican sus investigaciones de orden criminal. Con ello adquirimos la enorme responsabilidad de efectuar acciones en materia de justicia, con sujeción a los tribunales.

¿A qué viene eso?, deliberó el prestigiado abogado penalista y presidente de la mencionada Academia, Alberto Woolrich Ortiz, para lo que enfatiza: “En reciente tribuna mañanera, el Primer Magistrado de la Nación tuvo a bien o mal decir que en México ‘ya no había corrupción’. ¡Vaya manera de ignorar lo que acontece en esta gran Nación! ¡Vaya manera de desconocer que perviven conceptos como los expresados a retro y los cuales arrojan como consecuencia, injusticia!”

México –insistió- atraviesa por la peor crisis de corrupción que ha existido en sus recintos de procuración e impartición de justicia, y el Primer Magistrado de la República, ello no lo observa, no lo dice, “no lo sabe o no le gusta que le expresen los yerros”, pifias, errores y desmanes provocados por dicho fenómeno que no ha sabido, ni sabrá combatir, como tampoco resulta de su agrado que se le muestre una triste realidad, que se le contradiga, que se le exhiba y se le muestre y demuestre lo fallido de lo que expresa y en lo que fue prometido en cada uno de sus discursos y arengas.

Hace muy pocos meses, refirió que “se mejorarían las condiciones de seguridad y justicia”, mediante el cumplimiento de todos sus “proyectos” y programas sociales, y que el despliegue de su “guardia nacional” –muy propia de gobiernos degenerados en la Oclocracia, que juegan al paralelismo represor a ultranza-, arrojaría como consecuencia un México de “limpieza y carencia de corrupción”. ¡Una vez más ha fallado! ¡La violencia se ha incrementado!, subrayó.

Para no variar, ha vuelto a mentir –una y otra vez, con el estilo propagandístico hitleriano de Joseph Goebbels-, no se ha rescatado ni la paz, ni la tranquilidad, ni la seguridad, ni la justicia en el País. Todo continúa siendo una quimera.

La ilegalidad, la inseguridad, y con un larguísimo etcétera…, arrasa a esta Cuarta Transformación de la Nación y al Primer Magistrado, continúa buscando en el ayer la explicación de su fracaso. Es cierto que heredamos “un fruto podrido”, pero también es cierto que por su ignorancia y la de su propio Fiscal no se ha combatido la lacra heredada. Es ahí donde se convulsiona el Estado Fallido mexicano.

¡Miente! cuando afirma desde Palacio Nacional que “en México hay paz”, que hay tranquilidad y hay gobernabilidad. “Su política sigue siendo nula e ineficiente contra el delincuente, contra el narco-político. Su política únicamente ha sido condescendiente y proactiva con aquel Cartel de Togados que denigró a la justicia, a la milicia, a México.

“¡Ya basta!”, urgió el abogado Alberto Woolrich Ortiz, a todos los agentes de poder para establecer un bloque en rescate por la República.

 Radiografía de la situación en México

Por figurar como un referente de importancia, es necesario puntualizar que el 24 de septiembre de 2021, World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, Capítulo-México), celebró reunión sobre la materia, habiendo una nutrida representación de sus Estados Miembros de Alto Nivel de la sociedad civil organizada, alcanzando por consenso una histórica declaración conjunta en la que se define al Estado de Derecho y al Desarrollo como variables estrechamente interrelacionadas y de retroalimentación mutua.

Esta declaración establece que “el avance del Estado de Derecho es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre, y la realización plena de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Todo ello, reflejado en el gobierno oclocrático de Andrés Manuel López Obrador –un aprendiz de dictador-, quien lastimosamente y con evidente “Odio de Estado contra los mexicanos”, no ha ofrecido ninguna garantía de los objetivos de establecer un buen gobierno, toda vez que en sus tres primeros años, analistas consideraron que más de 127 millones de mexicanos, perviven a duras penas, en una desastrosa y endémica administración emanada de una “izquierda” inexistente.

El Capítulo México, Alejandro González Arreola, como director de Proyectos de Estado de Derecho, contribuyó en este importante análisis, por lo que el WJP advierte que el avance del Estado de Derecho debe partir de un entendimiento compartido, así como de una valoración sistemática, robusta y accionable de su situación, que haga posible identificar sus principales fortalezas, áreas de oportunidad, progresos y retrocesos.

En la edición 2020-2021, se reafirma como el instrumento más completo de medición acerca de la situación que guardan las 32 entidades federativas en esta materia, ofreciendo datos actualizados y estructurados en los ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Los puntajes obtenidos para estos ocho factores son comparables de forma longitudinal para cada entidad federativa. Reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25,000 personas de todo el país y de más de 2,300 especialistas en las materias analizadas, combinados y validados con datos cuantitativos de terceras fuentes de información, altamente confiables como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Detrás de cada puntaje, existe un análisis técnico riguroso, sustentado por una robusta capacidad de recolección, verificación, validación y análisis de consistencia de los datos.

Acusa de retos persistentes en casi todas las dimensiones del Estado de Derecho, aunque las principales brechas se continúan registrando en las áreas de justicia, seguridad, corrupción y cumplimiento regulatorio.

Sin embargo, existen diferencias importantes en el desempeño y avances entre las distintas entidades federativas. Desde la perspectiva de los puntajes generales obtenidos, el Estado de Derecho registró avances en 17 entidades, descendió en 5 y permaneció sin cambios en 10 más.

WJP identifica y cuantificar los primeros efectos locales en el Estado de Derecho ocasionados por la pandemia global derivada del COVID-19. La emergencia sanitaria iniciada en el año 2020  y aún en curso, ha trastocado toda dimensión posible de nuestra vida en las esferas privada y pública, y el Estado de Derecho no ha sido la excepción.

Destaca la parálisis mostrada por los servicios de justicia que, en ausencia de previsiones de Justicia Abierta y Digital, se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un largo periodo de tiempo, a pesar de que toda la actividad Jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias del país. Los retrocesos en los puntajes obtenidos en materia de justicia penal por 16 entidades federativas son un reflejo de esta lamentable situación.

En concreto, México se halla en un laberinto prácticamente sin salida, si se le sigue permitiendo al Ejecutivo actuar con arrogancia e insensibilidad para combatir, primero  el flagelo que representa su conexión con el narcotráfico que, aparejado a esta dramática dinámica, de forma patibularia ha traicionado los preceptos y postulados constitucionales al asumir su toma de protesta presidencial en diciembre de 2018.

La locución que alegóricamente emitiera el político tabasqueño, “Empeño mi honor y mi palabra. Gobernaré con entrega total a la causa pública” (…), cabalmente no ha sido puntual de lo que esperaban millones de mexicanos, a quienes les “vendió” la insinuación de “ser mejor” que el presidente Benito Juárez, cuyo sueño se tradujo en una burda fantasía, con una transformación de cuarta, moralmente corrompida.

Reportero Free Lance *

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