.- Se eterniza la impunidad de la delincuencia en el poder de los tres órdenes de Gobierno.
.- Palabras indignas plagadas de interés.
Blas A. Buendía * ______
La 4T, ante la complaciente omisión del Ejecutivo, se madeja una red de negocios judiciales, extorsión, y tráfico de influencias, y toda una cadena de complicidad y corrupción que siguen empañando la imagen de la justicia de México ante el concierto de las Naciones del mundo.
Es una inmensa corrupción estructural que impera en el medio de procuración e impartición de justicia, horripilante deformación, que la sociedad mexicana ya no entiende quién es quién, porque el juego en el conflicto de intereses permanentes, coquetea con el crimen organizado, el cual está emergido desde los propios escritorios que adorna la clásica industria López Morton, a todo el aparato de justicia.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A. C., explica que hace apenas pocas horas, hizo ver la poca virilidad e indignidad adoptada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la vez el más alto miembro del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien con un afán absurdamente oportunista, permitió (con su memoria) traer a colación la desgracia sufrida por aquel terrible incendio provocado con tintes políticos, en el Hospital ABC del estado de Sonora.
En su posición política-jurídica, la Academia señalada advierte que gracias a su conveniencia para tratar de colarse en el sitial de Fiscal General de la República, hizo que la propia Diosa Themis se avergonzará de ese hecho, que ha permitido con evidente violación constitucional, eternizar una impunidad a la delincuencia del poder, que tanto criticó Andrés Manuel López Obrador en su campaña electoral y durante los tres años cumplidos en el cargo que detenta.
Con esas añoranzas —agrega— no solo está en juego el terrible efecto psicológico sufrido todavía por las víctimas de tan desalmados acontecimientos, sino que la opinión pública nacional e internacional y todos los padres y abuelos devienen expectantes para que se obtenga la justicia que en Derecho procede. Pero no va a ser Arturo Zaldívar quien sea quién procese ella, en su calidad de Fiscal General de la República, lo cual pretende con su cercanía y confianza adquirida con Andrés Manuel López Obrador.
En este contexto, el abogado penalista Alberto Woolrich Ruiz, manifestó una serie de razones para afirmar que, con este transitar del Estado de Derecho en México, la Fiscalía General de la República, dependiente de Alejandro Gertz Manero —el empresario de la industria de la injusticia—, en pasadas semanas decidió no proceder penalmente contra dos muy corruptos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, nombrados y aceptados por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y los cuales en su oportunidad fueron denunciados por extorsión a jueces y magistrados, como parte de la red de abogados corruptos pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal.
Para rematar, el prestigiado Jurisconsulto narró el historial de tan gravosos acontecimientos que vienen registrándose tras bambalinas en el aparato de justicia federal.
El pasado primero de diciembre de 2021, el omiso en indagar a la narco-política Alejandro Gertz Manero, recibió una formal denuncia en contra de Carlos Antonio Alpizar Salazar, en su calidad de secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Alejandro Díaz Camarena, ex secretario Ejecutivo de Administración del referido Consejo, basada en múltiples actos de corrupción cometidos por esos funcionarios.
El verdadero meollo del asunto se encuentra en esa red de negocios judiciales, extorsión y tráfico de influencias, que desde antaño ha venido denunciando la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A. C., dada la inmensa corrupción estructural que impera en el medio de procuración e impartición de justicia, misma que hasta este día no ha querido ser indagada, ni por el neoliberalismo, ni por la Cuarta Transformación de la República.
La esencia del problema de nuestros recintos de justicia no se llama la “tragedia del Hospital ABC”, se llama cadena de complicidad y corrupción. “Esa es la historia de la desgracia de nuestra Nación, que refugiándose bajo las togas de muchos, no ha sido investigada y ha dado génesis a una inmensa red de negocios judiciales, extorsión y tráfico de influencias, como se desprende en múltiples denuncias formuladas por la Abogacía Independiente de la República en alianza con la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Denuncias en las que consta la virilidad evidenciada en su momento y no años después por criterios de oportunidad política.
En relación al presente tópico, en fecha cercana Don Hernán Gómez Bruera escribió para “El Universal”: “Hay varios que tendrían que ofrecer explicaciones, incluyendo al ministro Zaldívar”.
Retomando las palabras publicadas por tan viril comunicador, tengo que reproducir: “La cercanía de Presidente de la Corte con Julio Scherer Ibarra (también tildado de corrupto) es conocida». Tanto que hace poco en una reunión de hombres de leyes, se le escuchó exclamar (a Zaldívar) con nostalgia: “…cuán distintas son las cosas hoy que su amigo Julio ya no está. Adán Augusto es un abogado de pueblo y mi afecto era otra cosa”.
Para la Academia de Derecho Penal y para la Abogacía Independiente de la República resulta notoriamente evidente que los decires oportunistas de Arturo Zaldívar en relación a la desgracia acontecida en Hermosillo, Sonora y otras más, solo son unos distractores para evitar que se investigue aquella venta y compra de inmuebles por parte del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual complicaría su ambición de ocupar la Fiscalía General de la República.
Ciertamente, esto hay que decirlo y sostenerlo: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a fin de dar plena satisfacción a su codicia y deseo para ocupar el referido sitial, en el ayer tuvo que llegar a varios acuerdos con la corrupción.
Aquí y ahora, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A. C., volvió a insertar la pluma de tan viril comunicador de “El Universal” diciendo: “Arturo Zaldívar, como máximo miembro del Consejo de la Judicatura Federal, nombró en dos puestos clave a Carlos Antonio Alpizar Salazar y Alejandro Díaz Camarena en el Consejo de referencia el cual preside y que es donde se definen los asuntos del Poder Judicial”.
Por último, afirma el abogado Woolrich, “los decires de oportunidad política de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en nada benefician a la justicia, sólo exhiben una horripilante deformación de ella, la cual en su oportunidad dicho ministro no pudo, ni supo encausar.
“La Abogacía Independiente de la República y la propia Academia de Derecho Penal continuarán levantando con virilidad nuestro puño en solemne ademán para lograr que en nuestro México se reintegre la Justicia, esencia y rito de los más puros y añorados anhelos nacionales. ¡…Es cuánto…!, dijo finalmente el penalista Alberto Woolrich Ortiz.
Solo resta puntualizar que dentro de esta maquinaria de corrupción en el aparato de justicia federal, el otro escándalo mediático y distractor que ha creado mayores dudas de honorabilidad, credibilidad y verticalidad, es el Caso del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en relación al crimen en contra de su hermano Federico, el cual es materia de otro análisis en el apartado editorial.
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021