.- Consideración a una consulta pitera a comparación de un proceso electoralmente legítimo.
.- Afirma el prestigiado penalista Alberto Woolrich Ortiz, que “a la ley no se le atenta, ya que ello resulta vejatorio a la Carta de Carranza”
Blas A. Buendía * ____________
Una pitera es una brecha o descalabradura, una ‘herida producida en la cabeza por golpe o pedrada’: Le pegó una piedra y le hizo una pitera. También se llama así al “desconchón de una pared” y al “orificio de un recipiente de barro”. En otros lugares se llama pitera al ¿hueco o agujero hecho en el tronco de un árbol” por el pájaro carpintero que ningún ganso haría esa silvestre destreza.
Es lo que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya no sabe cómo seguir mintiendo para desplegar auténticas e ilegítimas “cortinas de humo”, cuando su administración ha sido un rotundo fracaso, por donde se le quiera ver.
Lo lamentable es que Obrador ya se enfrenta a una serie de demandas de tipo judiciales por su arrebatada manera tan estridente para conducir a un gobierno que lo ha transformado en una banana, que por igual, está más chueco un plátano de algún huerto de Tabasco.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., señala que ahora más que nunca, en el Foro Independiente de la República se produce una enorme melancolía dado el recuerdo no cumplido de viejas aspiraciones insertas en la letra y espíritu de nuestra Constitución, la cual en su momento refirió que la acción gubernamental en materia de justicia, debe ser sujeta a los recintos propios para su aplicación. “Cuando no existe ello nace una negación del Pacto Federal”, sentencia el abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz.
Cualquier juez por iletrado que sea –ejemplifica el Jurisconsulto- sabe por experiencia que cuando el Poder Ejecutivo ordena a los órganos Jurisdiccionales, por unas u otras circunstancias, ese mandato resulta molesto e inconveniente, a las acciones que debe de realizar la justicia y ello por consecuencia no va a dar un resultado satisfactorio. Normalmente lo antepuesto es un anticipo para pisotear la Constitución.
Dice que nuestros señores jueces y magistrados no tienen ni cuentan con la obligación de sacrificar sus convicciones éticas e ideológicas, que forman parte de su propia dignidad profesional, para inclinarse ante mandatos inconducentes y provenientes del Ejecutivo. “Su deber legal choca frontalmente con aquellas órdenes improcedentes. La ética y la conciencia personal de las togas de impartición de justicia deben saber que a la ley no se le atenta, ya que ello resulta vejatorio a la Carta de Carranza.
Menciona que pese al escándalo legal provocado por múltiples ocurrencias provenientes de la cercanía del Templo Mayor, por desgracia hemos percibido la indignidad de muchos jueces sumisos que con esa actitud incitan irreverentemente a desobedecer la ley. “Entre los disparates jurídicos que el Foro Independiente de la República percibe se destaca aquella consulta popular para aplicar la ley, lo cual avalan una que otra toga de indignidad”.
Subraya: “Algunos iletrados y no jurisconsultos piensan que la ‘consulta’ es el ejercicio de un derecho, otros sabemos que es una ocurrencia completa que raya en un error”.
Consideremos más: “Como se ve, la abogacía independiente de la República considera a la “consulta” un disparate jurídico, incluso un escándalo ético y político, la famosa y ya muy referida “consulta”, es sin duda el efecto más indeseable de la triste conjunción entre un mandato improcedente y una sumisión indigna. Es la complicidad de un gobierno con un poder judicial sumiso e indigno”.
Cabe destacar como dato muy significativo que la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., “mostramos un total desacuerdo con la impúdica consulta. La ley no debe de ceder ante pretensiones ocurrentes del Estado. El deber de los abogados es defender a México. Así lo sabemos y así lo entendemos”, concluyó.
Reportero Free Lance *