Tel Aviv (Prensa Latina).- Reconocido durante años por su industria tecnológica y de ciberseguridad, Israel está bajo la lupa tras destaparse un escándalo de espionaje a escala mundial que involucra a una empresa nacional y pone sobre la mesa su estrategia en este sector.
Un grupo de periodistas de 17 medios de prensa internacionales, entre ellos Haaretz, Die Zeit, The Guardian, The Washington Post, reveló el 18 de julio que unos 50 mil números telefónicos fueron blanco de posible espionaje a través del software Pegasus, creado por la firma israelí NSO Group.
Aunque aún se desconocen los titulares de la mayor parte de las líneas, los investigadores identificaron más de mil personas de 50 países, que incluye a 189 periodistas, 600 políticos, 85 activistas defensores de los derechos humanos y 65 empresarios.
Los reporteros consideran que no todos esos teléfonos fueron atacados, pero creen que la lista es «indicativa de los objetivos potenciales que los clientes gubernamentales de NSO identificaron antes de posibles intentos de vigilancia».
El programa se instala en un teléfono sin necesidad de que los usuarios hagan clic en un enlace, y le da al pirata informático acceso completo a todo el contenido del móvil, así como la capacidad de usar sus cámaras y micrófono sin ser detectado.
Entre las posibles víctimas se encuentran los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de México, Andrés Manuel López Obrador, así como familiares y colaboradores de este último.
El caso amenaza con crear disputas diplomáticas y problemas internos en varias naciones como en la India, donde el Ejecutivo fue acusado de traición por presuntamente espiar, entre otros, al dirigente opositor Rajiv Ghandi, lo cual fue rechazado por el ministro de Información Ashwini Vasihnaw, quien calificó la noticia de sensacionalista .
Mientras, Marruecos negó el uso de ese malware para vigilar en 2019 a numerosos funcionarios franceses, entre ellos Macron, como afirma el periódico Le Monde.
SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG
Según Forbes, en Israel existen más de 800 compañías de seguridad dirigidas no solo al sector militar, sino adaptadas al civil para solucionar problemas que van desde la protección de redes corporativas y encriptar datos e información hasta monitorear contenido en las redes.
Solo en el primer semestre del año, las empresas nacionales recaudaron 3,4 mil millones de dólares en 50 operaciones. Siete de ellas están valoradas en más de mil millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales.
El director ejecutivo de la ONG New Israel Fund, Mickey Gitzin, aseguró que los informes sobre Pegasus «solo son la punta del iceberg», y denunció el papel del Gobierno de Tel Aviv en la aprobación de licencias de exportación de los programas de espionaje. Muchas de esas tecnologías necesitan la aprobación del Ministerio de Defensa, y el nivel de regulación en el área es casi cero, tuiteó Gitzin.
En similar sentido se pronunció Eitay Mack, abogado y activista de derechos humanos, al señalar que ese software es un arma cibernética que permite el terrorismo patrocinado por el estado contra la sociedad civil.
En Israel hay complicidad o total indiferencia, denunció Mack en un artículo publicado en el periódico Haaretz.
Pese a los cuestionamientos, NSO Group rechazó divulgar su lista de clientes y por el contrario negó cualquier acusación en su contra al estimar que los informes están «llenos de suposiciones erróneas y teorías no corroboradas».
Fundada en 2010 por Shalev Hulio y Omri Lavie, la firma con sede en la ciudad de Herzliya emplea a más de 600 personas en Israel y en el resto del mundo.
Ante la avalancha de críticas, el gobierno del primer ministro Neftalí Bennett lanzó una operación de control de daños para desmarcarse del asunto y prometió una investigación.
Según el Ministerio de Defensa, NSO Group solo podía vender sus productos para combatir el «crimen y el terrorismo».
En un comunicado, esa cartera precisó que el Ejecutivo permite a las firmas exportar productos de seguridad cibernética a gobiernos extranjeros «solo con fines legales y para prevenir e investigar delitos y combatir el terrorismo».
Dos funcionarios israelíes de alto rango revelaron al sitio de noticias Walla que Bennett ordenó la formación de un equipo especial para examinar las acusaciones y evaluar las posibles consecuencias diplomáticas, legales y de seguridad.
El grupo incluye a representantes del Aman y del Mossad (los servicios de inteligencia militar y de exteriores, respectivamente) y de los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y de Justicia.
Las fuentes expresaron su preocupación porque aunque el daño inicial se limitó a críticas del público y de medios de prensa, las acusaciones podrían conducir a consecuencias diplomáticas.
En ese sentido el diario británico The Guardian afirmó que el titular israelí de Defensa, Benny Gantz, aprueba cada licencia de exportación individual, antes de que las compañías vendan un software de vigilancia a un cliente extranjero.
Mientras, Haaretz recordó que recientemente los magistrados del Tribunal Supremo Alex Stein, David Mintz y Anat Baron rechazaron una petición para revocar una licencia de exportación a otro país otorgada por ese ministerio al sistema Cellebrite, utilizado para piratear los teléfonos móviles.
Los jueces fueron aún más lejos, bloquearon nuevas peticiones sobre el tema y dictaminaron que la política de exportación de esa cartera, como prerrogativa del Estado, no está sujeta a revisión judicial, excepto en casos extremos.