En las garras de prestamistas

¨La cuesta de enero¨ comienza haciendo estragos

.- En Aguascalientes se  dan muchos casos donde las personas o la empresa que prestan se exceden, se extralimitan en sus facultades y presentan algún tipo de presión psicológica, telefónica, presencial contra los deudores.

Aldo Bonilla Chávez ________________

Acabó el sueño y la ilusión de la temporada navideña y claro que el despertar para muchas familias está siendo sumamente duro, casi casi como una cruda del llamado ¨Maratón Lupe Reyes¨, ya que se hicieron muchos gastos que han dañado la economía familiar por lo que ahora las ¨ganonas¨ son las casas de empeño y las de préstamo que  se han visto invadidas por gente que está urgiendo de préstamos, lo que quiere decir que se están poniendo en mano de los temibles usureros que en pleno enero están ¨haciendo su agosto¨.

Es así como ha iniciado la llamada ¨cuesta de enero¨, esa que, como cada año, obliga a muchos a adquirir préstamos con intereses verdaderamente criminales y es que para nadie es un secreto que los abusos por parte de las casas de préstamo en Aguascalientes siguen a la orden del día ya que en esos  lugares se aprovechan de la necesidad de la gente para después cobrar enormes intereses a través de cláusulas engañosas, haciendo pagar a los deudores hasta 5 veces más del monto solicitado, algo que ha sido denunciado constantemente sin que ninguna autoridad, llámese Profeco, Condusef o los legisladores hagan algo para poner fin a la voracidad de los dueños y del personal que regentea esas casas, los cuales no se tocan el corazón para dejar en la calle a sus clientes.

Las quejas contra estos abusos reiteran que definitivamente dichas casas de préstamo, así como los agiotistas,  operan prácticamente en la impunidad haciendo lo que quieren sin que ninguna autoridad les ponga un alto, por lo que miles de personas recurren que recurren en busca de un préstamo con la finalidad de obtener un poco de dinero que les permita solventar algunas deudas, terminan quedando en sus garras.

Y es que el cobro de altos intereses prácticamente los deja en la calle y ahora los métodos de difamación afectan a los deudores y hasta a los que no le deben a nadie, por lo tanto hay que tener cuidado con lo que firmamos y a quien firmamos, que las personas sean honrosas, respetables, porque hay muchas casas de empeño que se dedican a lucrar con la necesidad ajena, dijo a este diario el licenciado Arturo Mata Sánchez quien sostuvo que estos actos son considerados un delito, por lo que los afectados pueden proceder de manera legal.

Se han dado muchos casos donde las personas o la empresa que prestan se exceden, se extralimitan en sus facultades y presentan algún tipo de presión psicológica, telefónica, presencial y puede llegar a cometer un delito que es la difamación, señaló.

Y aunque estos procesos requieren de la contratación de un abogado, hay estancias de gobierno que ofrecen ayuda y asesoría sin costo alguno, por lo que si la situación económica de la persona es difícil vayan a los despachos de abogados gratuitos de Gobierno del Estado, acérquense a algún abogado gratuito que los asesore y presenten los recursos legales que la ley tiene para detener a la gente de las casas de préstamo y a los usureros, señaló.

Luego dijo que lamentablemente estamos habituados a referirnos a la usura como si se tratara del abuso económico de una persona hacia otra al exigirle o convenir intereses desproporcionados derivados de algún préstamo, generalmente de dinero,  sin embargo, de acuerdo con la acepción de la palabra, por usura se entiende el interés que lleva el dinero en un contrato de préstamo o, en términos aún más genéricos, cualquier ganancia, fruto, utilidad o aumento que se obtiene de alguna cosa, toda vez que la voz deriva del latín usus –uso-.

Arturo Mata indicó que actualmente, el tema de la usura se debate entre contradicciones, ambigüedades y generalmente tímidas regulaciones por parte  de autoridades administrativas y de legisladores, así como de dispersas decisiones de los juzgadores que, sin llegar a definiciones y parámetros precisos, han emitido  variantes conceptos en definiciones que en ocasiones intentan justificar, ya sea en defensa o en contra, la libre voluntad de las partes en el tema de la fijación de precios, tarifas, intereses, comisiones resultando, al fin y al cabo, que la real voluntad es inexistente ante la imposición de la parte más fuerte,  (el capital), en las relaciones de consumo u otro tipo de relaciones contractuales.

En la legislación mexicana, la usura, como derivación del marco jurídico de los intereses, es abordada desde distintos puntos de vista: penal, mercantil y  civil. Desde el punto de vista penal, el artículo 387, fracción VIII, del Código Penal Federal establece que se impondrán  las mismas penas correspondientes al fraude, es decir, hasta 12 años de prisión y multas de hasta 120 veces salario  mínimo diario “…al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.”

 El fraude tipificado “…presupone ignorancia o inexperiencia en el sujeto pasivo, o sea un estado de indefensión frente a las malas artes del agente; o bien cierto apremio económico que obliga al pasivo a reconocer las ventajas usurarias que el activo le impone. El dolo del activo consiste en la conciencia y voluntad de  aprovechar aquellas circunstancias para obtener las ventajas usurarias que amparan sus contratos o convenios.”

Por su parte, la legislación civil en el Código Civil Federal como un principio general dentro del capítulo “Disposiciones Preliminares”,  al establecer en términos generales las consecuencias legales del lucro excesivo, no particularmente dentro del tema de los intereses o de la usura, pero sí como eso: un principio general aplicable a tales casos, establece en el artículo 17 que “Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios.

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