El otro dato
Juan Chávez ____________
La consulta popular para enjuiciar a expresidentes fracasó de manera estrepitosa.
Apenas si poco más de 7 millones de ciudadanos pisaron las mesas receptoras del voto para determinar si los “actores políticos del pasado” –los ex presidentes, insistieron una y otra vez López Obrador y sus testaferros de Morena–, eran llevados a juicio.
La cifra estuvo muy lejos del 40% del padrón electoral vigente, para que el resultado de la dichosa consulta fuera vinculante y los poderes Legislativo y Judicial procedieran en consecuencia y abrieran los juicios de carácter penal.
Ese mentado 40% suponía la participación de cerca de 40 millones del padrón de más de 96 millones, para que cayera el encantador guillotinazo que gustoso y feliz, AMLO quería dejar caer sobre las cabezas de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.
Pero de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE), apenas si la votación fue entre el 7 y 7.74%. Un derrumbe mediático del hombre que ganó la Presidencia en 2018 con más de 30 millones votos.
El problema ahora, para el dueño del circo palaciego, es la obligación de actuar conforme los dictados que el Código Nacional de Procedimientos Penales le imponen.
De otra forma, él y sus corifeos podrán ser exhibidos como encubridores o cómplices de los actos criminales que le imputan a los ex presidentes y los funcionarios que les acompañaron en sus misas negras de corrupción.
Uno de ellos es Alfonso Durazo que se desempeñó en puestos importantes en el gobierno de Salinas (la guerra del EZLN en Chiapas), fue secretario particular del asesinado Colosio y manejó la secretaría particular del panista Fox y que la legislación penal lo perfila como compinche.
De tal forma, el propio AMLO y la mayoría de los funcionarios del país pueden ser encubridores.
El gobierno federal y los de los estados están obligados a investigar delitos que supuestamente cometieron funcionarios federales y estatales del pasado y del presente. Si esa es su obligación ¿por qué la pregunta si deben hacerlo mediante una Consulta Popular?
La justicia no se consulta, simplemente se aplica, cosa que AMLO no hizo buscando que la ciudadanía se lo pidiera. Pero su teatro se desplomó.
El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que: “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
No tiene relevancia, por supuesto, si los delitos de que pudieran resultar responsables, ya prescribieron. Ese es otro boleto. Lo sustantivo es que AMLO debe denunciar a los ex presidentes y funcionarios corruptos, porque es exigencia que la ley penal le impone. Y, sobre todo, con pruebas que avalen sus acusaciones.
La consulta, entonces, pudiera resultar el harakiri que el propio señor L(i)opez se aplicó. Ahí veremos.