.- Víctimas y ofendidos por la omisión de los ministerios públicos, demandan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debería desaparecer y crear un Órgano de Derechos Humanos más efectivo al existente que ha caído como un ente de consigna.
Blas A. Buendía * _______
Como no voy a tener resentimientos contra el agente del Ministerio Público, si en el año de 1986, agentes judiciales de la entonces Procuraduría General Justicia del Distrito Federal -ahora Fiscalía-, detuvieron injustamente y torturaron para tratar de incriminarme de un delito que se no se cometió, denunció un ciudadano que fue víctima del salvajismo extrajudicial que lleva el sello del libertinaje de la Oclocracia de Estado.
El vía crucis sufrido años atrás, la molestia de ver impedida su libertad individual fue cuando comenzó una detención arbitraria por parte de policías judiciales que, sin orden de aprehensión, conllevó al honorable ciudadano a vivir la clásica acción medieval.
Porque estuvo llena de empujones, golpes, jalones de cabellos, cachetadas, etcétera, al subirlo a un vehículo sin placas; el segundo, tripular un vehículo sin placas, lo más aterrador pensar que se trata de un secuestro, lleno de latas de cerveza, con olor a petate muy clásico a la pestilencia que deja la mariguana indiscutiblemente, así como de nueva cuenta una oleada de golpes por todos lados.
Como tercera violación de los derechos humanos, fue cuando la víctima desconocía los pormenores de su detención al ser trasladado a las oficinas de la dependencia más corrupta del país en ese entonces y en la actualidad, por supuesto, que es ahora conocida como Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La víctima fue conducida, no sin antes de ser esposado, hasta un edificio de la misma corporación pero al área de estacionamiento para iniciar con un coctel de torturas; la primera fue otra seria de golpes y cachetadas, en la que había que imputarse el robo de una casa de valores, a lo cual nunca se cometió, como iba hacer esos actos indebidos si se es trabajador y estudiante a la vez.
Con posterioridad, por tal motivo, a las oficinas de la procuraduría en ese entonces, ubicadas en la calle de Topacio colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc, la cual está rodeada por las noches de chicas bellas, mejor conocida en el bajo mundo del crimen, como sexo servidoras.
Después del ingreso sin registro e incomunicación a una oficina lleno de agentes —como si se tratara de uno de más grandes criminales de país—, sin comida ni agua. A pesar de haber vista familiares, ingresar a dichas oficinas las autoridades, según, negando la presencia de uno de lo que iban a ser más importantes promotores culturales.
Pasadas algunas hora cuando de inmediato un grupo de agentes junto con varios llamados “madrinas”, “orejas”, “borregas”, “16”, etcétera, lo trasladaron a otro edificio de la corporación para iniciar la nueva inquisición con golpes al estómago y las espinillas, para recordar que había que aceptar un delito que no se cometió.
Inicio el ritual de la tortura sumergiendo la cabeza varias veces dentro de un tambo de acero lleno de agua hasta llegar casi a la muerte por asfixia, no conformes y sin ser de la familia a pesar eso un golpes en el estómago, aunado a eso la tortura denominada “Waterboading” (ahogamiento simulado) cubriendo al cabeza con una bolsa y vierte agua sobre la cara y el cuerpo, sobre una tabla, sintiendo que el ahogamiento, a punto de la muerte, no conformes un poco de chile piquín para más sentir el intenso ahogamiento.
Nunca se aceptó un acto indebido a pesar de haber estado tres días detenido y en constantes agresiones físicas, psicológicas y emociones. Aun así, de la nula aceptación del delito que nunca se cometió, amenazando que era la última oportunidad o de lo contrario iba a trasladar a un reclusorio.
Sin embargo, al tener conocimiento de los hechos el Coronel Rafael Rocha Cordero, ex director General de la Policía Judicial Federal de manera inmediata solicitó la liberación de la víctima u ofendido del delito y comenzó una ardua investigación contra comandantes y jefes de grupo y policías judiciales que intervinieron en la detención ilegal de un joven amante de la cultura y las bellas artes visuales, así como de la letras.
Es por eso, que se tiene un poco de resentimiento, desde hace 30 años, contra esta dependencia que en verdad desde el punto de vista persona por ignorancia viola los derechos y garantías de las víctimas u ofendidos del delito, es incierto su futuro, son inciertos su bien jurídico tutelado: la vida, la libertad, el patrimonio, la salud.
Después de haber escrito parte de estas violaciones a las garantías individuales en diversos medios de comunicación nacionales, durante la juventud, en El Heraldo de México y Excélsior, el periódico de la Vida Nacional, entre muchos otros, donde se difundir las atrocidades de las autoridades mexicana.
Con el tiempo de una u otra manera siguieron los ataques contra el literato de letras libres (más bien letras muertas) ya que hay caso omiso ante las diversas denuncias, como el despojo de las propiedades en Lindavista en la cual se utilizó documentación falsa para efectuar escrituras, esto con base en carpeta de investigación CI-FPC/74/UI-7 S/D/00173/07-2021, delito de fraude procesal, alterar antecedentes, medios o datos de prueba o realizar cualquier acto tendiente al error.
El despojo y robo de obras de arte que fue objeto el C. Juan Carlos Martínez Nava, quien en su descripción, el ultraje extrajudicial se realizó en la calle de Doctor Río de la Loza 234, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con número de averiguación previa (una pena ajena) FCH/CUH-8/T1/1102/14-03, en la cual se sigue la lucha contra grupos de choque, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ahora Ciudadana, el propio agente del Ministerio Público y el Instituto de la Vivienda todos la Ciudad de México, que por cierto la fiscal Ernestina Godoy Ramos, no ha querido aceptar la consignación de dicha averiguación ya que estipula que el INVI era el dueño del inmueble, por tal podía sacar del inmueble sin orden alguna.
Es importante destacar, sin embargo, que la verdadera dueña del inmueble era la ciudadana francesa de nombre Lomantour Celine Noel, la cual ya fueron contactados familiares y se cuenta con documentación que acreditan ser herederos de la CUJUS.
Cómo no va haber resentimiento a esta institución que debería desaparecer, otro de las denuncias como víctima u ofendió del delito es en atentado que sufrió el de la voz, periodista, artista plástico y abogado, es cuando cerca de 200 policías de la Secretaría de Seguridad Pública cercaron el domicilio de la calle de Doctor Liceaga, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc cuando era jefe de gobierno Ricardo Monreal, y cerca de 25 entraron para extraerlos con golpes a familiares, robarlos y vejarlos para después consignarlo con falsos cargos, esto con base en carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/00988/03-2017, y sus acumuladas CI-FSP/B-UI-3 C/D/1519/05-2017.
Cabe hacer mención que cuando se le solicitó su ayuda al entonces jefe delegacional Ricardo Monreal, nunca apareció; sin embargo, es de reconocer que un grupo de profesionales de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se está haciendo cargo de manera responsable.
Por si fuera poco para el resentimiento el día 2 de marzo del presente año (unos días del cumpleaños del ciudadano ofendido, como todos los ataques anteriores como advertencia de la delincuencia coludida con el Estado, ejecutan al colaborador y testigo de las agresiones a la familia del periodista Abraham David Juárez, de siete tiros por la espalda fuera de su domicilio y con todas las agravantes, pues iba desarmado.
Es importante, reconsiderar por parte de estas autoridades el significado de los derechos humanos y garantías individuales consagrados en el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
“Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, abunda el procedimiento legal.
Qué hay de la buena fe que es un principio general del derecho que consiste en la presunción de que una persona actúa con un comportamiento adecuado en el tráfico jurídico; sin embargo, a pesar de la buenas costumbres y la cultura, la autoridad no cree en la honradez de la víctima u ofendió lo cual es preocupante, ya que re victimiza tal como lo mención la ley de Victimas, pero que dicen la Ley de Victimas en cuanto a esto:
“Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que investigan con motivo de ejercicio de derechos de las víctimas no debe criminalizar o responsabilizar por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el monteo que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. Y cuanto más en calidad de periodista como grupo vulnerable”, puntualiza el precepto legal.
De hecho, víctimas y ofendidos por la omisión de los ministerios públicos, demandaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debería desaparecer y crear un Órgano de Derechos Humanos más efectivo al existente que ha caído como un ente de consigna
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021