Las tribulaciones de los tribunales

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Eduardo Meraz __________

Se imagina usted que la máxima autoridad del Poder Judicial ordenara investigar al presidente de la República por sus dichos y cuestionamientos, sin pruebas, así como por sus constantes ataques a la legitimidad del sistema electoral del país. Sería como un sueño.

Pues justamente eso es lo que ocurre en Brasil, donde el Superior Tribunal Federal (STF) ordenó este miércoles investigar al presidente Jair Bolsonaro por los crímenes de «calumnia» e «incitación al crimen», en relación con sus cuestionamientos sin pruebas del sistema de votación electrónica en Brasil.

La decisión responde a un pedido hecho el lunes por TSE, que también abrió una investigación contra del mandatario ultraderechista por sus constantes ataques a la legitimidad del sistema de votación electrónica, llegando a dejar planear la duda sobre la celebración de los comicios presidenciales del año próximo.

López Obrador, desde endenantes ha sido un permanente calumniador de las autoridades electorales mexicanas y si bien no ha incitado al crimen -como en el caso de Bolsonaro-, sí ha fomentado una campaña y ataques a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, en particular contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.

Ciro y Lorenzo.

Sus dichos y condenas han sido replicados y magnificados por los dirigentes de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, así como por todo el morenismo, dispuesto a “exterminar” al INE, porque no se pliega a sus deseos.

Pero el Poder Judicial en México está a años luz de parecerse al de la nación sudamericana. Aquí más bien, las tribulaciones las padecen los magistrados presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el caso de la SCJN, su presidente se encuentra en una especie de limbo, hasta en tanto los demás miembros del órgano jurisdiccional no determinen si la ampliación de mandato a Arturo Zaldívar, contemplado en un artículo transitorio de la reformar al poder judicial, es constitucional o no.

Más allá de los argumentos jurídicos expuestos por el presidente de la Suprema Corte, lo que mueve a sospechosismo han sido sus visitas a Palacio Nacional, sin explicar los temas tratados y con quién.

En tanto, en el TEPJF, el comportamiento poco ético del magistrado José Luis Vargas en las sesiones donde se analiza el proceso electoral de 2021, yendo a contrapelo de la mayoría, para beneficiar al partido gobernante, terminaron por cansar a sus contrapartes, por lo cual decidieron destituirlo.

En la sesión de este miércoles 4 de agosto, después de que Vargas suspendiera la sesión pública, donde fue cuestionado por su proceder, al reanudarse la sesión bajo la presidencia de la magistrada Janine Otálora -por ministerio de ley, dijeron, ante la reticencia de Vargas a hacerlo, lo removieron unánimemente y eligieron al magistrado Reyes Rodríguez como nuevo presidente para concluir el periodo del encargo anterior.

Sin embargo, el depuesto presidente del Tribunal Electoral arguye que dicha sesión es nula de todo derecho y, en su desmesura, califica de “golpe de Estado” su destitución, olvidando que sobre él pesan indagatorias por enriquecimiento ilícito.

Las muchas coincidencias entre Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador en su forma de ejercer el poder, contrastan con el actuar de los Poder Judicial en México y Brasil.

La lección brasileña debería servir de ejemplo de lo que es una auténtica división de poderes.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Y siguiendo con la imaginación, luego de que México demandara, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los fabricantes de armas de Estados Unidos, por facilitar el contrabando hacia México, ¿qué pasaría si el Departamento de Estado de los EEUU acusara a los cárteles de la droga mexicanos por el contrabando de enervantes al mercado norteamericano?

La falta de tacto en la diplomacia, característica del cuatroteísmo, puede tener consecuencias con el vecino del norte. Con Donald Trump existió una iniciativa para calificar de “terroristas” a los narcotraficantes, proyecto que puede ser retomado por la administración Biden.

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